Patria o FMI: enfrentar el saqueo o repetir la historia

Abr 05, 2022

Por: Paula Giménez

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner se reunió el lunes 28 de marzo, en sus oficinas del Senadocon Marc Stanley, embajador de los Estados Unidos, a quien.“solicitó colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron ese mismo día, los senadores del Frente de Todos para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión”.

El proyecto vuelve a poner en escena a los verdaderos responsables del endeudamiento y el saqueo: “que la paguen los que la fugaron”, como expresa la consigna también levantada por el movimiento feminista en la multitudinaria movilización del 8M. Una consigna que, incluso antes de aprobado el acuerdo, la vicepresidenta le pidió públicamente al presidente Alberto Fernández que esgrimiera, durante su intervención en el acto por el día de la Democracia, realizado el 10 de diciembre de 2021.

Desde su posición de conducción política, Cristina Fernández de Kirchner es quien viene asumiendo la tarea de denunciar a los responsables y salvaguardar los intereses de las clases populares, en el medio de los estragos ocasionados por las “dos pandemias”: la financiera-macrista y la sanitaria por la Covid.

En su carta de septiembre de 2021, a días de la derrota del Frente de Todos en las elecciones de medio tiempo (PASO), expresó que “se estaba llevando adelante una política de ajuste fiscal equivocada”, desde la propia coalición en posición de gobierno.  

Ya en febrero de 2020, desde Cuba, denunciaba la ilegalidad de la deuda y la violación del estatuto del organismo. Hay que recordar que el propio FMI reconoció, en diciembre de 2021, que la falta de regulaciones favoreció la fuga de capitales. Claro, el acuerdo ya estaba consumado.

Tal como señalamos en la nota “Patria o FMI, consigna de la contradicción principal en Argentina”,  antes de pagar las deudas generadas por las dos pandemias, se debería debatir la cuestión de fondo: ¿A costa de quién? Pagar la deuda con más del 40% de la población bajo la línea de la pobreza no puede ser una opción.

El ajuste fiscal tampoco puede ser definitivamente una opción a costa del hambre de los sectores populares. El pagar la deuda debería ser a partir de un esquema impositivo sobre los sectores concentrados, esos que, por medio de la evasión, el contrabando y la bicicleta financiera se llevaron las riquezas producidas por las inmensas mayorías sociales.

En este contexto la última acción de la vicepresidenta se enmarca en una serie de movimientos políticos, luego del voto negativo que dieron los legisladores reconocidos bajo su conducción, entre ellos, Máximo Kirchner, al proyecto de acuerdo con el FMI en las Cámaras. Cristina se mostró en la previa al 24 de Marzo – Día de la memoria por la verdad y justicia- junto a Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo y la voz más crítica a la coalición de gobierno del Frente de Todos.

En este marco, entre especulaciones y antinomias, la maquinaria política de La Cámpora, organización que se enmarca también bajo la conducción de Cristina, se puso en marcha para confluir en la movilización del 24 de Marzo, donde 70 mil militantes marcharon 15 km, desde la Ex-Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), principal centro de torturas de la dictadura cívico-militar, hasta Plaza de Mayo.

Entre las consignas de la Plaza tuvieron protagonismo las de “La Patria Primero”, “Patria o FMI”, “No al FMI”, levantadas por las organizaciones convocantes. Una demostración en el escenario de la calle de que hay un proyecto político popular dispuesto a articularse para dar la batalla en los tiempos que se vienen.

Una fuerza política consciente de que el acuerdo con el FMI va a traer mayor miseria y ajuste al bolsillo de los y las trabajadoras si no hay un cuerpo social dispuesto a enfrentarse a los aprietes del FMI sobre la economía argentina y dar la lucha para resistir el avance de un proyecto de especulación financiera sobre el precio de los alimentos, los servicios básicos y el bienestar de las mayorías. El pueblo nunca gana en “el consenso”, que, como ha demostrado la historia, siempre favorece a los poderosos.

El Programa de Facilidades Extendidas, el cogobierno del FMI

El acuerdo finalmente consumado entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional atravesó la coyuntura política, justamente, en el mes de la Memoria, la Verdad y la Justicia. El 25 de marzo, el FMI dio el visto bueno en su directorio al acuerdo, aprobado en ambas cámaras del poder legislativo, con más votos de la oposición que del oficialismo. Un acuerdo con el organismo que refinanciará la deuda tomada por Mauricio Macri en 2018, el crédito más grande de la historia del FMI.

En medio de las discusiones suscitadas por la votación del acuerdo en ambas cámaras, referentes del kirchnerismo han ido advirtiendo las consecuencias del acuerdo que finalmente se aprobó. Resulta central conocer cuáles serán las consecuencias en la economía argentina si dicho acuerdo sigue su curso.

Es el propio FMI quien supervisará cada tres meses que el acuerdo se cumpla, e instruirá las políticas económicas y sociales que considere necesarias para que el mismo llegue a “buen puerto”. El presidente Néstor Kirchner ya advertía en 2005 sobre este modus operandi del organismo, como “promotor y vehículo de políticas que provocaron dolor en el pueblo argentino”:.

 “Esta deuda ha sido constante vehículo de intromisiones, porque está sujeta a revisiones periódicas y ha sido fuente de exigencias y más exigencias” (Kirchner, 15 de diciembre de 2005).

El comunicado que lanzó La Cámpora -“La vuelta del FMI a la Argentina”-, luego del voto negativo en la Cámara de Diputados de su referente y diputado nacional, Máximo Kirchner (junto a otros diputados de su espacio político), resalta las principales medidas y consecuencias del acuerdo, que evidencian un programa de ajuste:

• Reducción del déficit por ajuste del gasto

• Tope al crecimiento y acumulación de reservas netas

• Tasa de interés positiva: como consecuencia, desincentiva la inversión y por ende, el crecimiento

• Devaluación controlada del dólar: que la tasa de ajuste del tipo de cambio siga a la inflación

• Política monetaria contractiva tendiente a la eliminación de la emisión monetaria

• Reducción de inversión pública COVID, a pesar de que la pandemia no culminó

• Reducción de subsidios a las tarifas

• Límite a las transferencias discrecionales de recursos a las provincias y empresas estatales

Otro aspecto que destacan es que el déficit cuasi fiscal (remuneración a los bancos) que producen las Leliq, los pases bancarios y las Notaliq, ascendía en el balance del Banco Central al 2 de marzo, a más de 4,5 billones de pesos, representando aproximadamente el 6,47% del PIB. “Estas cifras y el cálculo sobre el PIB no aparecen en ninguna parte del «acuerdo», su mención es totalmente genérica e imprecisa y para su reducción no se fija ninguna meta ni de número ni de tiempo, sólo se utiliza la palabra gradualidad”, resaltaban.

Los números del acuerdo parecieran no cerrar “con la gente adentro”, rompiendo con el discurso de “es ésto o el caos”, como señalan los senadores en el comunicado titulado “Crecer para pagar: ¿Es posible con este pacto?”. Aceptar la encrucijada supone, además, la derrota no solo del pueblo, sino de la política, verdadera y vital herramienta, advierten.

Prohibido olvidar: Historia de un saqueo

El 24 de marzo de 1976, inició el último golpe cívico-militar, en el marco de una estrategia de aniquilamiento de la fuerza popular llevada adelante por los sectores económicos concentrados y sus aliados locales. Esa estrategia fue parte de un plan dirigido a destruir el entramado social que se venía tejiendo desde 1945, hecho maldito de sublevación del “subsuelo de la Patria”, y que tuvo su punto cúlmine en los procesos de insurrección de 1969, con la sucesión de combates de calle bautizados como Rosariazo-Cordobazo-Rosariazo.

En este contexto de lucha, a fuerza de sangre y fuego, los poderes económicos arremetieron contra un proyecto de independencia económica. Carlos Heller, diputado nacional, en su intervención en la previa al tratamiento en el Congreso lo señaló con claridad: “La Argentina siempre sufrió las consecuencias de las intromisiones del FMI, y fue después del gobierno del general Perón, durante la Revolución fusiladora de 1955, cuando se incorporó y recibió el primer crédito”.

El objetivo de la última dictadura cívico-militar fue la instauración en Argentina y la región de un plan económico de liberalización financiera y mayor explotación de los sectores trabajadores, que en Argentina supuso la estatización de la deuda privada, que recayó sobre los hombros de las grandes mayorías. Como señaló también Heller, “Cuando se fue la dictadura militar la deuda había crecido muchísimo y se acercaba a los 40 mil millones de dólares, 23 mil de los cuales provinieron de la estatización de la deuda externa privada”.

El diputado expuso quiénes fueron los mayores beneficiarios de esos 23.000 millones de dólares: Celulosa Argentina S.A. (hoy vinculada a la familia Urtubey); Acindar (familia Acevedo); Banco Río (Pérez Companc); Techint (Rocca); Bridas (Bulgheroni); Citibank; Compañía Naviera (Pérez Companc); Papel de Tucumán (familia Bulgheroni); Aluar (Familia Madanes); Sevel (familia Macri); Sideco Americana (Macri); Ford; Loma Negra (Fortabat); Chase Manhattan Bank (Rockefeller); Esso (Rockefeller); Fiat (Macri); y Socma (Macri).

Un modelo neoliberal de muerte, saqueo y fuga de capitales, instrumentado por los mismos actores, y responsable de los ciclos de crisis económica y social en Argentina: 1976-1982, 1992-2002 y 2016-2019. Las consecuencias del último ciclo son las que golpean la vida cotidiana de las grandes mayorías en la actualidad.

Entender la estrategia económica y política de los sectores concentrados en su trayectoria histórica, permite comprender el desarrollo de los acontecimientos en el presente, y poder pensar vías de resolución a los problemas estructurales que deben llevar adelante las fuerzas políticas y sociales del campo del pueblo.

También permite comprender con claridad quiénes constituyen el campo enemigo, y qué sectores son los que históricamente han llevado adelante su proyecto de Patria dependiente y para unos pocos.

Cristina Fernández de Kirchner lo señalaba hace un año, el 24 de marzo de 2021: “resulta una paradoja que los que están en contra del Estado, de las intervenciones, son los mismos que durante la dictadura estatizaron sus deudas» (…) “bancaron el golpe, bancaron a los ingleses en Malvinas y fueron centrales en que el FMI violara todos los artículos de su estatuto”.

«Ni moderación, ni consenso, ni unidad a cualquier costo»

Cuando se trata de defender sus intereses, las clases dominantes son implacables. Reconocen con facilidad el peligro que suponen los procesos de organización y lucha populares, y por supuesto, la importancia de destruir a quienes encarnan la conducción de su fuerza.

La persecución política y los golpes y agravios contra Cristina Fernández se explican por su determinación a sostener la iniciativa de un proyecto popular que necesita articularse en para enfrentar a su enemigo histórico, responsable nuevamente de un endeudamiento que intentan hacer pagar a las futuras generaciones por 100 años.

Un enemigo que articula un complejo entramado económico, político, judicial y mediático para sostener un proyecto de miseria para los y las trabajadoras, el mismo que instrumentó sin dudar, el terrorismo de Estado para masacrar a 30 mil compañeros y compañeras y así, sostener su estrategia de enriquecimiento a costa del hambre de millones. La consigna de la contradicción principal en Argentina es hoy Patria o FMI, y la deuda es un nuevo momento en la historia de un saqueo que lleva siglos.

Este 24 de marzo quedó demostrado, nuevamente, que hay una fuerza política y social dispuesta a articularse y dar la batalla en el escenario de calle. Y la historia argentina nos demuestra que la moderación nunca fue una opción de un pueblo decidido a ser libre. Ni el consenso. Ni la unidad a cualquier costo.