Venezuela presenta evidencias de perjuicios ocasionados por bloqueo y sanciones unilaterales de EE.UU.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, afirmó este jueves en Caracas que, con la entrega de nuevas pruebas, su país culmina ciclo que ilustra la magnitud de los perjuicios derivados de las sanciones unilaterales impuestas desde Washington.

Desde el salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, Rodríguez aseveró: “con la entrega de este último balance de evidencias, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), hemos completado el ciclo para demostrar el impacto y daño sistemático que ha tenido el bloqueo criminal y las sanciones por parte de Estados Unidos contra la población civil del país”.

El martes pasado la vicepresidenta, había denunciado el marcado interés político de las medidas coercitivas de los Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela.  Su objetivo es claro: ultimar a un Gobierno que no responde a sus intereses, no se somete a sus mandatos y tampoco se deja extorsionar.

“Estas medidas coercitivas unilaterales han sancionado a 192 personas, 150 empresas (diez del Estado y 140 del sector privado), 69 embarcaciones, 30 buques petroleros y 58 aeronaves; además se han emitido siete órdenes ejecutivas con bloqueo a la industria petrolera, caída drástica y severa de los ingresos en divisas al país, despojo de más de 31 toneladas de oro venezolano en Inglaterra y el cerco de más de siete mil millones de dólares en bancos en el extranjero”, abundó la vicepresidenta.

Y agregó otro ejemplo contundente del alto costo social del capricho y ensañamiento político estadounidense: 15 filiales de la industria farmacéutica se vieron obligados a cesar sus actividades en 2016 como resultado del bloqueo,  convirtiendo a la república bolivariana en el quinto país del orbe con más sanciones, situación que ha impactado a todos los programas sociales.

Su país, concluyó, tiene evidencias que corroboran los crímenes de lesa humanidad de los que ha sido objeto por parte de los Estados Unidos, “en abril del 2021 entregamos el informe de la organización auditora del Congreso de Estados Unidos que admite que las medidas coercitivas unilaterales contribuyeron a deteriorar la economía venezolana”.