14 de abril de 2016  

El gobierno ecuatoriano desestimó este jueves un reciente informe elaborado por el De­par­tamento de Estado norteamericano donde critica la situación de los de­rechos humanos en el país sudamericano

El gobierno ecuatoriano desestimó este jueves un reciente informe elaborado por el De­par­tamento de Estado norteamericano donde critica la situación de los de­rechos humanos en el país sudamericano.

El Gobierno nacional, en relación con los principios constitucionales que rigen la política exterior, re­chaza las críticas unilaterales e in­fundadas contenidas en el In­for­me Anual sobre Derechos Hu­ma­nos (2015) publicado por el Depar­ta­mento de Estado de EE.UU., co­mu­nicó la Cancillería.

Las autoridades ecuatorianas se­ñalan que su país impulsa el respeto y la promoción de los dere­chos hu­manos y que además ha ratificado todos los instrumentos regionales e in­ternacionales sobre el tema.

Contrasta de esta manera, la po­sición negativa y el escaso compromiso del Gobierno norteamericano en lo que respecta al cumplimiento de los Derechos Humanos en los úl­timos años, evidenciado en la no ra­tificación y adhesión a los tratados internacionales sobre esta materia, y denuncia algunas violaciones que se cometen en territorio estadounidense.

Según la agencia de noticias An­des, Ecuador expresa de manera si­multánea su grave preocupación por la persistencia de prácticas atentatorias contra los derechos humanos, como las detenciones ilegales, inexis­tencia de procesos judiciales y torturas en la cárcel de Guan­tá­na­mo; la persistencia de la aplicación de la pena de muerte y el ilegal y criminal bloqueo a Cuba; entre otras graves situaciones.

Asimismo, la Cancillería ecuatoriana manifiesta su seria preocupación por la elaboración de informes unilaterales y sesgados que buscan afectar injustificadamente la imagen internacional del país.

El informe publicado por el De­par­tamento de Estado incluye a Ecua­­dor dentro de los países que uti­lizan procedimientos administrativos y burocráticos para restringir la libertad de asociación y a la sociedad civil, y recurren a leyes de propiedad intelectual para censurar con­tenidos en Internet.

(De Granma)