Resumen:

El viernes 1 de agosto de 2025, la justicia colombiana condenó a 12 años de prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe por el delito de soborno a testigos y fraude procesal. Una condena por delitos menores a pesar de un largo historial de vínculos con el paramilitarismo en Antioquía en los 90 y durante su presidencia (2002-2010). A ello se agregan las dificultades de la política de seguridad humana y de la Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro. Una difícil transición marcada por una violencia ligada históricamente a una democracia restringida, indirecta, bloqueada por la oligarquía, por las profundas desigualdades socioeconómicas de un modelo neoliberal extractivista y una persistente dependencia de Washington. Una situación compleja a meses de las elecciones de 2026 donde se juega la continuidad del progresismo en Colombia. 

El viernes 1 de agosto de 2025, la justicia colombiana condenó a 12 años de prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se trató de la conclusión de un largo proceso que comenzó hace 13 años, como en una novela de Gabriel García Márquez, por un arrogante Álvaro Uribe, acostumbrado a la impunidad.

En efecto, en 2012, fue el expresidente quien inició un proceso ante la Corte Suprema contra el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Lo acusó de visitar cárceles con el fin de manipular a los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, para sustanciar un juicio en su contra. Lo cierto es que a Álvaro Uribe le salió el tiro por la culata, como ya afirmaba Elmer Montaña en 2020.

En efecto, en febrero de 2018, la Corte Suprema no sólo cerró el caso contra Iván Cepeda por falta se méritos, sino que ordenó una investigación contra el exmandatario. Y es que las escuchas telefónicas, durante la investigación revelaron que quien procedía a una presunta manipulación de los testigos exparamilitares presos era Álvaro Uribe y su familia. Peor aún, el 4 de agosto de 2020, el máximo tribunal colombiano, lo declaró culpable de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

Para eludir la condena, el expresidente Álvaro Uribe renunció a su cargo de Senador. Una maniobra legal que dejaba sin efecto el juicio realizado por la Corte Suprema. El juicio contra el ahora ciudadano Álvaro Uribe, fue trasladado a la justicia ordinaria. Varios señalan que, gracias a jueces afines, como Francisco Barbosa, el expresidente, buscaba postergar indefinidamente el proceso. Sin embargo, este recayó finalmente en el escritorio de la jueza Sandra Heredia del Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

Es así como, luego de 13 años, La jueza Heredia, en una larga y detallada sentencia de 1,114 páginas (disponible en Focus Noticias), confirmó la decisión del máximo tribunal y volvió a condenar al exmandatario a 12 años de prisión domiciliaria, por los delitos de “fraude procesal en concurso homogéneo y heterogéneo con soborno de testigos en actuación penal”. La sentencia se acompañaba de una multa, la inhabilitación política por ocho años y el arresto inmediato del expresidente para restablecer la confianza en la justicia y evitar que saliera del país.

Aunque el expresidente demandó la libertad mientras apelaba el fallo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mantuvo la decisión. Una victoria de corta duración porque el largo proceso de 13 años no ha terminado. Ulteriormente, el 19 de agosto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá suspendió el arresto domiciliario, ordenando la libertad provisional de Álvaro Uribe Vélez hasta que estudie la apelación y defina su situación jurídica. La condena del exabogado de Álvaro Uribe, Diego Cadena, por sobornar el paramilitar Juan Guillermo Monsalve, por orden del exmandatario

¿Triunfo jurídico y político que rompe con la impunidad oligárquica?

Consuelo Ahumada de CLACSO, afirma: “El juicio y condena del expresidente Uribe representa un triunfo jurídico y político enorme para las fuerzas democráticas y progresistas de Colombia y la región”. Y es que muchos afirman que hace 13 años, parecía imposible esperar una condena del expresidente

No obstante, entre otros, el PST y Alejandro Toro del Pacto Histórico en Colombia y, a nivel internacional, desde Le Monde, hasta , comentaristas como Raúl Sohr en CNN Chile, pasando por Nicolás Maduro, por citar sólo algunos, coinciden en comparar la condena de Álvaro Uribe Vélez, por el menor de sus crímenes, con la del criminal estadounidense Al Capone.

Y es que en comparación con los delitos imputados, el ”prontuario” de Álvaro Uribe Vélez es voluminoso. Por un lado, el columnista Yohir Akerman en la revista Cambio, reveló que documentos desclasificados del National Security Archive (NSA) de Estados Unidos confirman que desde comienzos de los 80, cuando el presidente Julio César Tubay Ayala lo encargó de la aeronáutica civil de 1980 a 1982, antes que fuera alcalde de Medellín, Álvaro Uribe favoreció el desarrollo del comercio ilícito, otorgando centenares de licencias a pilotos de narcotraficantes como Pablo Escobar.

Como en otras oportunidades, Uribe trató de intimidar a Yohir Akerman con un juicio por difamación de acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). No es por nada que una organización defensora de jueces pidió medidas cautelares de protección a la CIDH para Sandra Heredia, la jueza que condenó a Uribe, por amenazas de muerte en su contra.

Lo cierto es que de acuerdo con Carlos Martin en Koeyu, Estados Unidos sabe desde hace décadas que Álvaro Uribe, “mantiene lazos con los estratos más profundos, poderosos y criminales de Colombia, como lo fue en su momento el narcotraficante Pablo Escobar, jefe del cártel de Medellín”. Por ello algunos le llaman el “padre del paramilitarismo”.

A ello se agregan testimonios sobre los vínculos del expresidente con crímenes de lesa humanidad cometidos por paramilitares, cuando fue alcalde y concejal en Medellín (1982-1986), Senador (1986-1994) y Gobernador de Antioquia (1995-1998). Entre otros, el del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, quien en declaraciones ante la Jurisprudencia especial de Paz (JEP), lo incriminó en múltiples delitos, como las masacres de El Aro, de La Granja, de San Roque, además del asesinato del defensor de DD.HH Jesús María Valle.

La CIDH condenó al Estado colombiano, el 1 de julio de 2006, por esas masacres, ocurridas en el municipio de Ituango. Por su parte, en 2018, en el marco de la investigación contra el expresidente Uribe, la Corte Suprema de Colombia, las declaró imprescriptibles por ser crímenes de lesa humanidad. Por sus lazos con estos crímenes, Álvaro Uribe fue citado a declarar en 2023 y la investigación sigue abierta. A ello se agrega una participación de Álvaro Uribe en el exterminio de la Unión Patriótica que según Voz Digital, quiere acallar.

Gobierno de Álvaro Uribe Vélez: los “falsos positivos”

El gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) encarna la implementación de políticas neoliberales que fortalecieron la oligarquía colombiana y aumentaron las desigualdades socioeconómicas. Bajo su gobierno se fortaleció la dependencia de Estados Unidos, al servicio del Plan Colombia, una estrategia del Pentágono que ligó la lucha antinarcóticos con la contrainsurgencia aplicada por Estados Unidos en Vietnam, aumentando el desplazamiento forzado interno a más de 4 millones de personas. De acuerdo con la Agencia France Presse, Uribe “De la mano de Estados Unidos, con el Plan Colombia como brazo financiero y militar, lanzó una ofensiva sin precedentes contra las FARC”. Ahora pasó de “verdugo de las guerrillas a primer expresidente de Colombia condenado”.

En la misma línea su gobierno aplicó la llamada “Política de Seguridad Democrática”, basada en la Doctrina de la Seguridad Nacional, de acuerdo con Herberth J. Rivas Uasapud. Es así como la “Política de Seguridad Democrática” de Álvaro Uribe aumentó el número de asesinatos de civiles inocentes, los llamados “falsos positivos”. Los militares presentaban ejecuciones extrajudiciales, como “éxitos” de las fuerzas represivas y clasificándolas como “bajas” de las fuerzas guerrilleras, siendo que, en realidad, se trataba de jóvenes inocentes secuestrados por los militares, asesinados y vestidos con uniformes guerrilleros.

Los falsos positivos de la Seguridad Democrática fueron crímenes del ejército favorecidos por la política uribista de premios, bonificaciones, permisos, vacaciones, ascensos. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) documentó la responsabilidad de unos 1500 militares en por lo menos 6402 asesinatos de civiles inocentes. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se registró el 78% del total de las víctimas de la violencia histórica de los últimos 70 años.

El presidente Juan Manuel Santos, premio Nobel de la Paz (2016) por el Acuerdo de Paz con las FARC-EP, que fuera ministro en el Gobierno de Álvaro Uribe, afirmó desconocer esos crímenes y pidió perdón en junio de 2021, por las ejecuciones extrajudiciales de los falsos positivos ante la Comisión de la Verdad. En 2023, también el presidente Gustavo Petro presentó excusas públicas a nombre del Estado colombiano.

Da ahí que muchos califican de histórica, la sentencia del expresidente Álvaro Uribe, incluso como la caída de un verdugo: Colombia fue “un país que en manos del expresidente fue un territorio de muerte, violencia, persecución y corrupción política extrema, para consagrar el poder absoluto de unas élites sanguinarias y codiciosas”.

Lo cierto es que el fallo fue un espaldarazo al Senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Un luchador por los derechos humanos y portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Estado (MOVICE), cuyo padre, el Senador Manuel Cepeda Vargas fue asesinado en 1994 en Bogotá, por un comando de militares y paramilitares, en la campaña de exterminio de miembros de la Unión Patriótica formada en 1985, luego del Acuerdo para la paz de La Uribe en 1984. En 2010, la Corte Interamericana (CIDH) condenó al Estado colombiano por ese crimen y en 2022, la Comisión de la Verdad calificó de genocidio el asesinato de más de 6200 miembros de Unión Patriótica. Es así como, ligado por décadas a la defensa de los derechos humanos y la paz, Iván Cepeda, lanzó su precandidatura presidencial por el Pacto Histórico con una propuesta de cambio democrático, centrada en la paz apoyada por movimientos sociales, en Pasto, Nariño, lugar tradicional de luchas en Colombia.

La violencia en Colombia, arma de la oligarquía

El editorial del Diario Red afirma que “la lectura de la sentencia dejó en claro el entramado de la red uribista para ocultar sus delitos y las maniobras judiciales buscando impunidad y para inculpar a sus adversarios, como lo hizo con el senador Iván Cepeda”. Pero no se trata sólo de acciones individuales, al igual que la oligarquía, utilizó la bala y la mentira según Omar Romero Díaz.

Dicho de otro modo, el periodista Hernando Calvo Espina argumenta que la intransigencia política “está en los genes de la oligarquía colombiana”, desde Francisco de Paula Santander. El asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948, estuvo al origen de la violencia, una guerra civil de diez años, que cobró 170 mil víctimas. Esa guerra civil fue cerrada con un pacto de élites: el interminable Frente Nacional. Se trató de la repartición del poder, cada cuatro años, entre Liberales y Conservadores

El Frente Nacional fue planeado para 12 años, pero en realidad duró más de 30 años, hasta 1991, garantizando la exclusión de la restringida democracia colombiana, apoyada por fuerzas paramilitares contra una oposición armada surgida en respuesta al cierre del régimen a opciones políticas distintas del Partido Liberal o el Partido Conservador.

Por otro lado, tras la condena menor contra Álvaro Uribe está la historia del paramilitarismo de extrema derecha, del narcotráfico, de la violencia, ligada a la defensa de la oligarquía y las políticas estadounidenses. Todo ello para mantener la exclusión en la limitada democracia colombiana.

El paramilitarismo, los Paracos, creados desde los años setenta y ochenta, fueron legalizados por decreto en el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994). Primero, como las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir). Después, con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2006, una organización paramilitar, narcotraficante, terrorista y contrainsurgente de extrema derecha. Ellas fueron piezas claves de la dominación de la oligarquía colombiana e internacional de acuerdo con Omar Romero.

Recordemos que las AUC de Colombia fueron halagadas por el expresidente Uribe y el Congreso 2004, cuando Salvatore Mancuso presentó su plan ante el Congreso, abucheado solamente por el Senador de Unión Patriótica, Iván Cepeda. El exjefe de las AUC afirma que 35% del Congreso eran amigos de su organización revelando vínculos entre paramilitarismo, fuerza pública y clase política. Acogido al Plan Justicia y Paz de Álvaro Uribe, por presiones de EU, Mancuso terminó extraditado a EE.UU en 2008. Desde la desmovilización de las AUC domina el llamado neoparamilitarismo de acuerdo con Insight Crime, con, entre otros, los Rastrojos y los Urabeños (Gaitanistas).

La injerencia extranjera en el conflicto armado en Colombia

Existe consenso sobre el rol histórico de Estados Unidos y sus empresas en el conflicto armado en Colombia. El investigador de CLACSO, Luís Trejos lo vincula con “el alineamiento irrestricto con los Estados Unidos y la adopción de la Doctrina de la Seguridad Nacional, basada en el anticomunismo”.

Como señala Camilo López, «Los Estados Unidos de Norteamérica son considerados un actor directo desde el inicio de la confrontación armada en Colombia, y responsable de su continuidad y desarrollo«. En 1999, de acuerdo con el profesor Noam Chomsky, Colombia pasó a ser el mayor destino de la ayuda militar estadounidense con el llamado Plan Colombia contra la insurgencia organizado y financiado por Estados Unidos. Por su parte, el académico puertorriqueño, Carlos Rivera Lugo, calificó a Colombia de Estado Libre Asociado, en 2009, cuando Estados Unidos aumentó el número de sus bases militares en Colombia.

Además, está el rol directo de las empresas que se benefician del extractivismo. El CAJAR en su presentación ante la JEP, abundó en antecedentes sobre el rol de empresas nacionales y extranjeras en la violación de derechos humanos en el conflicto armado y la violencia en Colombia, entre otras, Chiquita, DynCorp, Coca-Cola, BP, OCENSA, Drummond, OXY, Airscan y Nestlé.

Y es que existen muchos antecedentes sobre empresas estadounidenses que financiaron a los paramilitares. France24, haciendo la reseña histórica de la bananera United Fruit Company y su sucesora desde 1990, Chiquita Brands, destaca la acusación en 2024, por un tribunal de Florida, de que esa empresa financió las AUC en la región del Urabá. Por ello, la condenó a una multa de 25 millones de dólares y a pagar 38,3 millones en indemnización a los familiares de 8 víctimas de las AUC.

Por su parte, el CAL proveyó de evidencia ante la jurisdicción especial para la Paz (JEP) Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición establecido por los acuerdos de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. El CAL presentó evidencias de que las empresas mineras del carbón Drummond Company y el Grupo Prodeco, financiaron las AUC y sobre su complicidad en el asesinato de líderes y miembros de sindicatos, el desplazamiento forzoso y el despojo de tierras para obtener beneficios económicos.

¿Condena anuncia el fin del uribismo?

La condena de Álvaro Uribe puede encarnar un fin de ciclo porque revela que la justicia le perdió el miedo a Uribe y todo lo que representa. ¿Se confirmará en las elecciones de 2026 el fin de la hegemonía del uribismo? ¿Surgirá el uribismo sin Uribe?

El Diario Red editorializa: “no solo es una condena a Uribe, sino que también se juzga y sentencia políticamente a toda la derecha colombiana, que tuvo en ese expresidente su pilar y sustento para la consolidación de una hegemonía criminal, en toda la extensión de la palabra. Pero no solo eso: con vistas a las próximas elecciones esa derecha sufre un golpe y la izquierda se abre paso con una victoria política contra la figura del paramilitarismo como “institución” tóxica de la democracia en esa nación andina”.

Lo cierto es que la influencia del uribismo en las próximas elecciones presidenciales de mayo de 2026 no debe aminorarse. Colombia tiene una alta concentración mediática que estructura la opinión pública como afirma el estudio de Ignacio Iñaki Chavez y Ricardo Gordo. Ello explicaría la persistencia de una alta popularidad de Álvaro Uribe.

Ella rondó el 80% de las encuestas durante su gobierno. Después de 2010, cuando la justicia vetó un tercer mandato, volvió al Congreso, siendo el Senador más votado en las elecciones de 2018. La influencia del llamado “uribismo” se hizo sentir en la victoria del NO para el plebiscito del plan de paz con las FARC-EP del presidente José Manuel Santos en 2016, de acuerdo con El País. También llevó a la victoria de Iván Duque en 2018. Una victoria de la derecha que dificultó la implementación del Acuerdo de Paz que prometía poner fin a las guerrillas. Por ello es por lo que Álvaro Uribe, es considerado el padre de la ultraderecha, al frente del partido Centro Democrático, bastión opositor y semillero de sus herederos políticos.

Frente a su condena, recibió el apoyo desembozado de la derecha estadounidense y latinoamericana. Respecto a la condena de Álvaro Uribe, el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, afirmó en X: «El único delito de Uribe ha sido luchar incansablemente por su patria». Las víctimas de Álvaro Uribe denunciaron ante la ONU y la CIDH una amenaza contra la independencia judicial.

Los republicanos, amenazaron con represalias. Álvaro Uribe Vélez fue un aliado incondicional de EEUU en su guerra contra el terrorismo y el principal enemigo de gobiernos de izquierda, liderado por Chávez, Lula, los Kirchner, Correa, Evo. En carta a la CIDH y otros organismos internacionales el derechista Grupo Libertad y Democracia y varios expresidentes como Tuto Quiroga de Bolivia, condenaron la violación de derechos de Álvaro Uribe. Icono del ultraderechista José Antonio Kast (Chile), Javier Milei (Argentina) Jair Bolsonaro, Bukele, Milei.

La derecha colombiana denuncia un “lawfare” y le pide a Trump que castigue a su propio país con aranceles. Hay una evidente doble moral de la prensa oligárquica colombiana de acuerdo con la red la Rosa Roja. Todo indica que la retórica de la seguridad y las dificultades del gobierno de Gustavo Petro en la paz total y la seguridad humana serán utilizados a fondo por la derecha y los medios de comunicación empresariales.

La muerte de Miguel Uribe Turbay, el 11 de agosto, dos meses después del ataque por un joven sicario cuyos mandatarios se desconocen aún, sirvió de acicate. Desde Estados Unidos, Marco Rubio culpó en X, la “violenta retórica de izquierda” por el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Se trató de una intervención abierta de EEUU rechazada por el presidente Petro. Por su parte, el expresidente dio la tónica del discurso de la ultraderecha, acusando al gobierno de Gustavo Petro de haber “incitado el atentado”. Insistió en su condena del progresismo en el sepelio de Miguel Uribe, Álvaro Uribe, justificando, además, el genocidio contra el partido Unión Patriótica.

¿Estancamiento de la seguridad humana y la Paz Total de Gustavo Petro?

La condena menor contra Álvaro Uribe revela la existencia de un nuevo contexto desde la llegada al poder del Pacto Histórico. Pero también devela las dificultades de la transición y los enormes desafíos para una transición progresista desde el régimen oligárquico colombiano de acuerdo con Carlos Medina Gallego.

La victoria de Gustavo Petro en 2022 inició un nuevo ciclo de la historia política de Colombia. De acuerdo con Alonso Valencia, la victoria de Gustavo Petro es la de “un hijo de la guerra, pero, sobre todo, un hijo de la paz”. Ello en relación con el acuerdo de paz exitoso firmado el 9 de marzo de 1990 por el M-19.

Otros, de una izquierda crítica, como Johan Madriz, lo califica de gobierno social-liberal que se mantiene dentro de las estructuras que prometió transformar, moviéndose entre la presión popular y las exigencias de las oligarquías y sectores empresariales. Ello a pesar de que la victoria del Pacto Histórico se debió al “estallido social” (…) contra el paquete neoliberal de Iván Duque y décadas de exclusión y violencia.

En la práctica, como señala Woslher Castro, luego de tres años del gobierno del cambio, hay avances firmes, pero“la paz está en vilo” y la continuidad del progresismo se ve amenazada. Por un lado, la política de seguridad humana y de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro no ha conseguido asegurar la protección de muchos defensores de los derechos humanos en Colombia y avanzar en una reconciliación. De acuerdo con Indepaz, en 2024 persiste la violencia política: se registraron 95 masacres, y fueron asesinados más de 140 líderes. Colombia es catalogado como el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos.

Según Álvaro Hernández, el asesinato del Senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, demostraría la persistencia de una forma de hacer política que no quiere desaparecer. De acuerdo con France 24 “desentierra el horror de la violencia política” Ese asesinato revive los asesinatos en las campañas electorales. Particularmente, contra candidatos presidenciales, de Jorge Eliecer Gaitán en 1948; de la Unión Patriótica y del M-19: Jaime Pardo Leal (1987), Luis Carlos Galán (1989), Bernardo Jaramillo Ossa (1990), Carlos Pizarro Leongómez (1990).

A las dificultades de la Seguridad Humana del Gobierno de Gustavo Petro, se agrega el estancamiento de la Paz Total. No dan resultado las conversaciones y las posibilidades de cese al fuego, con los llamados grupos armados organizados (GAO), de raíz política o criminal. Y es que existe una profunda fragmentación de los procesos de paz y negociaciones en curso. A pesar de instalar mesas formales de discusión con el ELN, las disidencias de las FARC-EP (Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia) y acercamiento con el Clan del Golfo, “los procesos se estancan o colapsan” según el Crisis Group. A ello se agrega el atentado con explosivos contra una base militar en Cali y el derribo de un helicóptero en Antioquia, atribuidos por el gobierno a las llamadas disidencias de las Farc. Todo ello vuelve a colocar la violencia como tema central de las próximas elecciones.

Desafíos para el progresismo cara a las elecciones de 2026

En 2022 por primera vez de la historia de Colombia, luego de décadas de exclusión y de derrota estratégica de la insurgencia armada, de acuerdo con Luis Fernando Trejos, llegó al poder un presidente de izquierda. Fue muy difícil, como señala el corresponsal de la BBC, Daniel Pardo, y, a pesar de los esfuerzos del Gobierno del Pacto Histórico Gustavo Petro, Colombia sigue siendo en 2025, una democracia restringida o indirecta según unos, bloqueada por la oligarquía, según otros, y enlazada con profundas desigualdades socioeconómicas herencia de un modelo neoliberal extractivista, afianzado en una férrea dependencia histórica de Washington. Considerada antidemocrática por la izquierda.

El estallido social entre 2019 y 2021 también expresaba el descontento contra el neoliberalismo del gobierno de Iván Duque y sirvieron de base para la victoria de la izquierda en 2022. Y es que de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 2025, Colombia es el tercer país más desigual, detrás de Sudáfrica y Namibia. Además, de acuerdo con un estudio del IGAC, Colombia sigue marcada por la inequidad y la muy desigual propiedad de la tierra, acompañada de fragmentación. En 2017, un informe Oxfam Colombia concluye que el 1% ocupa 81% de la tierra, mientras el 99% ocupa tan solo el 19%. Recordemos que la estructura latifundista del campo colombiano explica de acuerdo con varios autores los orígenes, persistencia y efectos del conflicto social armado, es necesaria y la idea de un Desarrollo Rural Integral, estuvo al centro del Acuerdo de paz de 2016. La reforma agraria del Pacto Histórico avanza muy lentamente.

Entre los avances firmes del gobierno del Pacto Histórico está la reducción de la pobreza monetaria y la pobreza extrema, la creación de más de un millón de nuevos empleos; la reducción de la inflación del 13% en 2022 al 5% en 2025; la gratuidad en la educación superior (Ley 2307), un aumento del bono pensional que beneficia unos 3 millones de adultos mayores que no habían cotizado; avances en la transición energética y aumentos de la conectividad.

Al debe, están las consecuencias del bloqueo constante de la oposición en el Congreso y una feroz arremetida de los conglomerados mediáticos. El desgaste y frustración de sectores populares se traduce en una caída de la aprobación ciudadana, del 56% en 2022 a alrededor del 33% en 2025.

Por un lado, está el bloqueo de la derecha a la reforma tributaria, que ya ha repercutido en un aumento del déficit fiscal. De persistir, ante el tercer proyecto de reforma tributaria, según Gustavo Petro: “condenaría las finanzas públicas a la muerte”. Recordemos que en 2024, la derecha en el Congreso hundió el proyecto de reforma de la salud de eliminación progresiva de las Empresas Promotoras de Salud (EPS)

Para enfrentar el bloqueo del Congreso, Gustavo Petro planteó realizar una consulta popular, el decretazo, con 16 preguntas. Es así como ante la reforma laboral, archivada sin permitir siquiera que fuera debatida en 2024, el Congreso finalmente aprobó la reforma laboral en junio. Una victoria del Gobierno que restablece beneficios que los trabajadores formales habían perdido en el primer gobierno de Álvaro Uribe.

Por otro lado, hay quienes destacan las dificultades y problemas de gobernabilidad del poder ejecutivo. Ello se expresa en una alta rotación ministerial: 58 ministros en 3 años de gobierno. También existen frecuentes pugnas internas que debilitan la coalición Pacto Histórico y amenazan a la larga su continuidad más allá del actual gobierno. También existe la amenaza del Consejo Nacional Electoral (CNE) de impedir la proyectada fusión del progresismo en un partido único para las elecciones de 2026.

Una situación compleja a meses de las elecciones de 2026 donde se juega la continuidad del progresismo en Colombia.