#Brasil: corruptos se aferran al poder

Jun 05, 2017

Por Delfín Arias Vargas *

El 17 de abril del año pasado, 367 de 513 diputados brasileños votaron a favor de la apertura del juicio político en contra de la entonces presidenta Dilma Rousseff, quien, cuatro meses y 14 días más tarde, el 31 de agosto, sería destituida por la Cámara de Senadores acusada de ‘crímenes de responsabilidad’, por el supuesto maquillaje de cuentas públicas y la apertura de créditos extrapresupuestarios sin la aprobación del Congreso.

La conjura política había sentado sus reales dos días antes, el 15 de abril, cuando la Cámara de Diputados instaló la sesión en la que se leyó el acta de la acusación en contra de la mandataria, dirigenta del Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva.

Esta sesión congresal fue el inicio del juicio político contra Rousseff, maniobra que desnudó el interés personal para destituirla de dos conspiradores de primera línea: Eduardo Cunha y Michael Temer.

Fue tanta la impostura que el periodista argentino Eric Nepomuceno, del diario Página 12, describe lo que se vio aquel domingo de abril como un espectáculo grotesco.

Diputados envueltos en banderas brasileñas decían votar por la apertura del juicio político a nombre de la “moralidad”, contra “la corrupción”, mientras otros dedicaban sus votos “a mis hijos”, “a mi familia” o, como el ahora precandidato a la presidencia en 2018, el militar retirado Jair Bolsonaro, “a la memoria del capitán Carlos Alberto Brillante Ustra”, uno de los más crueles torturadores de la dictadura (1964-1985).  

Y el 31 de agosto, en el segundo capítulo de la ejecución del plan golpista, 61 de 81 senadores en un santiamén depusieron a Dilma y a sus 54 millones 500 mil votos. El golpe se había consumado.

Fiel a su estilo, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) traicionó a Rousseff, rompió su alianza con el PT y uno de sus principales dirigentes, Michael Temer, lideró el golpe contra la primera mujer electa presidenta por dos veces consecutivas en las urnas.

Esos dramáticos hechos expusieron que en Brasil la lucha por el poder sigue dominada por los grandes intereses económicos y políticos de siempre y que Rousseff fue víctima de un proceso kafkiano, un camino tortuoso en el que sus detractores nunca pudieron acusarla de corrupción ni ella supo las razones legales por las que fue destituida, si es que hubo alguna.

Ahora bien, los diputados que votaron el inicio del juicio político contra Dilma, durante el ilegítimo gobierno de Temer aprobaron el recorte del gasto público por los siguientes 20 años, reformaron la ley laboral y liquidaron los derechos de los trabajadores y entregaron el petróleo a las transnacionales.

El periodista Gabriel Pastor señala que muchos congresistas inquisidores que levantaron el dedo acusador en contra de Dilma tienen una hoja de vida que no es precisamente la de un monje benedictino.

La ONG Transparencia Brasil (TB) reveló que 49 de los 81 miembros de la Cámara de Senadores (59%) fueron condenados, acusados o investigados por crímenes en algún momento de sus vidas, incluso por lavado de dinero o tortura.

El informe de esa ONG anticorrupción desvela que 303 de los 513 diputados también tienen procesos o condenas judiciales o en tribunales de cuentas por diferentes motivos.

Esas manchas alcanzaron a 352 legisladores, es decir al 59% de los 594 miembros del Congreso brasileño, lo que expone que una presidenta electa democráticamente y que jamás fue acusada de corrupción fue destituida por jueces que simultáneamente eran reos en múltiples procesos, a decir de Marcus Melo, profesor de Ciencia Política en la Universidad Federal de Pernambuco.

De acuerdo con el periodista Sebastián Smith, corresponsal de AFP, “muchos de los que han ocupado una silla del Congreso en los últimos años, cuentan con un extenso prontuario que va desde acusaciones de malversación y compra de votos hasta presunto homicidio”. Y algunos de ellos están involucrados en el caso de corrupción de Petrobras.

Y a un año y un mes de aquella noche de escenas patéticas de abril de 2016, Brasil está inmerso no sólo en la más aguda recesión económica de su historia, sino que el líder golpista, Michel Temer, un oscuro y habilidoso político experto en maniobras nebulosas, cuenta con apenas el 5% de aprobación popular. Y Temer está en la mira de la justicia, aunque se aferra al cargo que ilegal e ilegítimamente detenta.

La Fiscalía General de Brasil lo acusa por presunta asociación ilícita, corrupción pasiva y obstrucción a la justicia en el caso Lava Jato, luego de que el empresario Joesley Batista, del gigante cárnico JBS, entregara a los fiscales una grabación en la que se oye a Temer avalar el pago de coimas para comprar el silencio de Eduardo Cunha, su amigo y expresidente de la Cámara Baja, preso por corrupción.
Cunha, el ejecutor del golpe institucional contra Dilma, perdió su escaño y está encarcelado en un presidio federal. En su primera condena —tiene al menos otros seis juicios abiertos— fue sentenciado a 15 años de cárcel.

La corrupción que los diputados y senadores golpistas que destituyeron a Rousseff prometían combatir, salpicó a varios de ellos, a muchos ministros y al propio Temer. Los más vehementes combatientes anticorrupción ahora están bajo investigación de la Corte Suprema por denuncias concretas de que practicaron lo que decían combatir.

Ésa es la talla moral de los políticos que impulsaron la destitución de una presidenta legítimamente electa, cuya defenestración violentó la democracia y los derechos constitucionales del pueblo brasileño.

Y aunque Temer desafía y se niega a renunciar, su ilegal e ilegítimo mandato se enfrenta a una gran presión popular, mientras el apoyo parlamentario a su gobierno se torna cada día más endeble.

Además, si Temer es finalmente destituido o renuncia a la Presidencia, lo que hoy parece muy difícil, un Congreso desprestigiado, con muchos legisladores investigados por presunta corrupción, tendrá 30 días para designar a su sucesor, lo que es rechazado en las calles por el pueblo.

En ese contexto, para preservar la democracia y encontrar una salida a la crisis política generada por la corruptela no sólo es indispensable la destitución de Temer, sino su procesamiento penal y la inmediata convocatoria a elecciones directas.

Y lo que no puede volver a ocurrir es que en caso de que Temer sea destituido del cargo o renuncie, un Congreso dominado por legisladores sospechosos de corrupción vuelva a nombrar Presidente a alguien que no ha sido electo por el voto del pueblo. (Pensando Américas-Diario Cambio, de Bolivia)

(*) Comunicador social y periodista. Fue profesor universitario.