Aguardan en Roma sentencia contra represores del Plan Cóndor

Jul 08, 2021

En Roma, se espera este jueves que se haga público el veredicto mediante el cual la Corte Suprema de Italia ratifique las condenas contra 18 exmilitares represores de América Latina y el Caribe, participantes en la Operación Cóndor, plan represivo de contrainsurgencia en la época de las tiranías militares del Cono Sur.

La sentencia, considerada histórica, solo será posible en Italia, por ser las víctimas 43 ciudadanos latinoamericanos de origen italiano. Abarca hechos de secuestros, torturas y desapariciones ocurridas en los setenta y ochenta en Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Brasil.

El proceso es contra 18 militares latinoamericanos (dos de los cuales ya fallecieron) del llamado Plan Cóndor, y ya fue ratificada la condena en la Corte de Apelaciones, segunda instancia del recorrido procesal italiano, en el año 2019.

Durante el Plan Cóndor,  y mediante un acuerdo entre las juntas militares golpistas de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú, entre otras, los secuestrados o detenidos eran trasladados de un país al otro, torturados, asesinados y hechos desaparecer sin que el país al que pertenecían pudiera aparecer como responsable.

En un primer momento fueron 106 los militares latinoamericanos acusados a partir de las investigaciones comenzadas antes de 1999 por el fiscal italiano Giancarlo Capaldo, con la colaboración de los familiares de los desaparecidos y años después de la organización no gubernamental “24Marzo.it”. 

Unos 50 eran argentinos, pero esta nación estaba haciendo por su cuenta los procesos contra los militares, a diferencia de los demás países latinoamericanos, por lo cual prefirió no participar de la causa italiana. 

En enero de 2017 concluyó la primera parte del juicio y de los 33 militares acusados, 19 fueron absueltos, ocho condenados y seis murieron mientras tanto. La semana pasada fue ratificada la sentencia.

El único acusado que reside en Italia es Jorge Néstor Troccoli, de Uruguay, quien tendría que ingresar a prisión de ratificarse la sentencia.