3 de junio, 2016

Tras presentar un informe sesgado de 132 páginas, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se valió del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana para “solicitar la convocatoria de un Consejo Permanente de los Estados miembros entre el 10 y el 20 de junio de 2016”, procedimiento que según su criterio busca “atender a la alteración del orden constitucional y cómo la misma afecta gravemente el orden democrático” de Venezuela.

En días pasados, luego de recibir la petición formal de la derecha parlamentaria representada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para activar la Carta contra la nación, Almagro amenazó con presentar un documento sobre la “situación política y social en Venezuela” a fin de “obligar” a los Estados miembros a “debatir” sobre una probable suspensión y aplicación de sanciones al Gobierno Bolivariano dentro del contexto jurí- dico del sistema interamericano para decidir “el destino de este país”, según indicó en una entrevista. ¿Referéndum o carta? El señor Almagro realizó una serie de declaraciones injerencistas, no acordes con la investidura y las funciones de su cargo, en las que acusó al presidente Nicolás Maduro de “no permitir” la realización del referéndum consultivo para revocar su mandato y catalogar este mecanismo como “única salida” a la “crisis venezolana”, utilizando los argumentos de la contrarrevolución venezolana que tratan de manipular este derecho establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como una herramienta para concretar un golpe de Estado institucional en Venezuela. Almagro, al insinuar que es un apéndice del Ejecutivo, se presta al juego antidemocrá- tico de descalificar al Poder Electoral venezolano, que ha demostrado, y así es reconocido en el mundo, su transparencia, efectividad e imparcialidad.

Prueba de ello fue el resultado electoral adverso a las fuerzas revolucionarias el pasado 6 de diciembre. La oposición venezolana, junto a la Secretaría General de la OEA, quiere convertir un derecho, el referéndum, que es una conquista popular de la democracia participativa y protagónica en la Venezuela bolivariana, en un arma para un golpe continuado siguiendo el formato imperialista del nuevo Plan Cóndor en América Latina, sustentado en golpes blandos, que ha sido denunciado por los mandatarios Rafael Correa, Evo Morales y Nicolás Maduro e incluso por el mismo papa Francisco. La obsesión de Almagro El artículo 20 de la Carta Democrática contiene el planteamiento jurídico para “legitimar” la intervención directa de un país a solicitud de otro o de la Secretaría General de la OEA. Ningún gobierno o funcionario puede erigirse como “juez de otro” para decidir si hay o no alteración del orden constitucional en un Estado. Sin embargo, esa parece ser la ambición y la obsesión de Almagro de pasar a la historia como el “verdugo” de la tesis del Socialismo Bolivariano en el siglo XXI, tal y como lo demuestran sus declaraciones.

Almagro se coloca del lado de Barack Obama, quien ha cuestionado groseramente la legitimidad del actual Gobierno venezolano por considerar que debe existir en Venezuela un Ejecutivo que implemente políticas económicas que favorezcan la acumulación capitalista y recorten la inversión social. Vemos que es la primera exigencia que ha cumplido el Gobierno ilegítimo e interino de Michel Temer en Brasil, hacer una propuesta para modificar la Constitución a fin de reducir la inversión del Estado en los programas sociales desarrollados durante las gestiones izquierdistas de Lula y de la presidenta Dilma Rouseff. En Venezuela, como en otras naciones de la región, funcionan las instituciones del Estado, con fortalezas y debilidades.

Sería una violación al derecho internacional “invocar” la Carta Democrática contra Venezuela usando como recurso una petición de la derecha opositora y un expediente sustentado en reportes de la prensa amarillista. La aplicación con fines políticos de la Carta Democrática al Gobierno Bolivariano traería nefastas consecuencias para la institucionalidad democrá- tica del Estado venezolano y pondría en entredicho la legitimidad de los mecanismos de integración existentes y vigentes en América Latina, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Unasur, Mercosur, y otros de los que Venezuela forma parte. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, se- ñaló que “Almagro no puede invocar ninguna carta en lo absoluto, se arroga esta condición y se convierte en un dictadorzuelo de la OEA”, dijo en una entrevista para Telesur. Sin dudas, esta “invocación” convierte a Almagro en el nuevo Pinochet de América Latina.

El artículo 20 Artículo 20: “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente. El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática. Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática. Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”. 

(De Correo del Orinoco)