Tras una discusión que se extendió por espacio de seis meses y que fue impulsada inicialmente por Argentina y el G77 más China, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó por 136 votos a favor, 41 abstenciones y 6 en contra, la resolución que limita el accionar de los fondos buitre a través de nueve principios (soberanía, buena fe, transparencia, imparcialidad, tratamiento equitativo, inmunidad soberana, legitimidad, sostenibilidad y reestructuración de la mayoría), que dan marco a un sistema legal global para los procesos de reestructuraciones de deuda soberana.