En 2016, desde Miami volvieron a escucharse amenazas de guerra cuando las calles de Nicaragua eran ejemplo regional de seguridad, paz y prosperidad; donde  un pueblo muy laborioso y pacífico mostraba orgulloso los avances socioeconómicos de los últimos años de gobierno sandinista, el cual había logrado la concordia nacional después de los peores experimentos bélicos de EE.UU. en Centroamérica, que incluyó operaciones encubiertas con la participación de mafiosos, oficiales de inteligencia y militares estadounidenses, una asociación tristemente célebre en los crímenes contra Nuestra América.

Sin justificación alguna y cuando la noticia de Nicaragua en el mundo era el megaproyecto de un gran canal interoceánico, fundamental para la economía de ese país y de la navegación a nivel global, entre Miami y Washington los congresistas que viven de la guerra contra Cuba y Venezuela, se empeñaron en crear todo tipo de obstáculo para revertir la prosperidad y la calma de la patria de Augusto César Sandino. En ese maquiavélico programa inventaron en julio de 2016 -con el auspicio de otros ultraconservadores- engendros legislativos para intentar asfixiar y entorpecer aquellos avances.

Congresistas de origen cubano en la Cámara de Representantes, primero, y luego en el Senado, introdujeron un proyecto de ley para impedir la entrada de préstamos financieros internacionales a Nicaragua, frenar las inversiones foráneas y detener el importante desarrollo socioeconómico que experimentaba ese país. El castigo imperial nacido en lo peor de la gusanera anticubana, echó mano al manido pretexto de la supuesta falta de democracia, el cual se presentaba como “remedio” para “garantizar la transparencia electoral y combatir la corrupción”. El resultado de la sucia maniobra fue la “Ley de condicionamiento a la inversión nicaragüense de 2017” (“Nicaraguan investment conditionality Act of 2017”, Nica Act).

Ileana Ros, Albio Sires, Marco Rubio y Ted Cruz, entre otros, lo más retrógrado y cavernícola del Congreso, de Miami, Texas y New Jersey apostaron nuevamente por reinventar la contra y echar abajo el gobierno sandinista que una y otra vez demostró, contundentemente en las urnas, contar con el respaldo de la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, principal beneficiario del desarrollo en esa nación.

Como proyecto subversivo, sus hilos van más allá del Capitolio, por lo que legisladores y mafiosos tocaron en las puertas de la maquinaria golpista made in USA, trazando pautas para la campaña mediática de la gran prensa estadounidense y los fabricantes de mentiras en español dentro y fuera de EE.UU., e hicieron sus encargos a las agencias especializadas en guerra sucia y golpes blandos (USAID, NED y sus subcontratistas) que venían trabajando meticulosamente en reinventar el nuevo liderazgo, colándose o infiltrándose, selectivamente en sectores clave de la economía, la juventud, los estudiantes, medianos y pequeños empresarios, entre otras, para socavar las bases de apoyo al sandinismo.

En la década de los años 80 del pasado siglo, la guerra abierta y encubierta de Estados Unidos (con todos los niveles de intensidad posibles) contra el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, provocó la muerte de miles de nicaragüenses, dejó centenares de mutilados, desplazados, emigrados  y sembró odio y sufrimiento entre las familias de la nación centroamericana, lo que utilizó EE.UU. para posicionar la matriz de opinión dentro del país, de que esas autoridades “representaban la continuidad de la guerra y la pérdida de nuevos hijos, por lo que era necesario un cambio”.

El empleo de la opción militar fue la prioridad de la “nueva política interamericana” del gobierno ultraderechista de Ronald Reagan, que acudió a ideólogos ultrarreaccionarios o neoconservadores como John Bolton,  el actual asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, quien retomó también en aquel momento los argumentos de la Doctrina Monroe, para imponer como plataforma política el denominado “Documento de Santa Fe” que en su rimbombante título dejaba claro que buscaba erigirse en “escudo de la seguridad del nuevo mundo y espada de la proyección del poder global de EE.UU.”.

Con el retorno a la escena política de exempleados de Reagan como Bolton, se facilitan las cosas para los enemigos de Nicaragua. Pues los mismos argumentos de la política neoconservadora de los años 80, forman parte del lenguaje de la Casa Blanca, su Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, quienes si en aquella década del siglo pasado utilizaban como pretexto que: “EE.UU. está siendo desplazado del Caribe y Centroamérica por un sofisticado pero brutal superpoder extracontinental (la Unión Soviética), que manipula a los clientes”; hoy señalan que es necesario “prestar atención a América Latina (…) antes de que broten las controversias en forma violenta”.

El mismísimo Bolton dijo en enero de 2018 al periódico norteamericano The Hill, que situaciones de inestabilidad política, el colapso de gobiernos, el terrorismo internacional y la competencia de grandes potencias por los recursos naturales y por ejercer influencia política, pudieran amenazar significativamente los intereses de seguridad nacional de EE.UU. y “la intromisión de Rusia en nuestra región pudiera inspirar a Trump a reafirmar la Doctrina Monroe”.

Nicaragua ha vuelto al epicentro de la maquinaria guerrerista de EE.UU. de la mano de los congresistas anticubanos, otros mafiosos y veteranos halcones. Washington trata de reeditar aquella estrategia a costa de más muertos y destrucción en las calles de Nicaragua.

Aquellos asesores llevaron a Reagan a desplazar en las fronteras de Nicaragua alrededor de 30 mil efectivos listos para invadir. Luego estalló el escándalo Irán-Contras (Irangate), en el que quedó al descubierto que la ayuda financiera y de todo tipo a la contrarrevolución nicaragüense, que había prolongado el baño de sangre pese a los esfuerzos de paz regionales, provenía de tres fuentes no autorizadas por el Congreso de EE.UU.: la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el tráfico de armas hacia Irán y el narcotráfico.

Además de estremecer al Pentágono, la DEA y la CIA, una vez más en investigaciones de grandes componendas mafiosas dentro y fuera de EE.UU. salía a la luz que en aquellas operaciones criminales colaboraban varios cubanos de Miami, entre ellos los connotados terroristas Luis Posada Carriles, Félix Rodríguez y José Basulto, viejos amigos y protegidos de los congresistas que -hoy como ayer- promueven la guerra contra Nicaragua.

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