Expertos de derechos humanos del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitieron este lunes una declaración en la que sostienen que Puerto Rico se enfrenta aún a una situación alarmante y sigue sin recibir una respuesta adecuada a la devastación causada por el huracán María.

“Miles de personas has sido desplazadas y se encuentran sin soluciones a la vista. Más del 80 por ciento de la población, o cerca de 2.8 millones de personas, continúan sin electricidad. Pocos hospitales se encuentran funcionando. Se alega que el agua disponible –para aquellos que la tienen- puede estar contaminada”, indica la declaración de una decena expertos que trabajan y monitorean temas de DDHH, de forma independiente, para el Consejo de Derechos Humanos.

La declaración fue hecha desde Ginebra por una decena de relatores especiales y expertos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, incluidos el experto independiente sobre deuda y derechos humanos de la ONU, Juan Pablo Bohoslavsky, la Relatora Especial sobre el derecho a la vivienda, Leilani Farha, y la relatora especial sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver.

Otros firmantes de la declaración son Dainius Pûras, relator especial sobre el derecho a la salud; Catalina Devandas Aguilar, relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Léo Heller, relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Cecilia Jimenez-Damary relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos; Obiora C. Okafor, experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional; Dubravka Šimonovic, relatora especial sobre la violencia contra la mujer y; Baskut Tuncak, relator especial sobre derechos humanos y sustancias y desechos tóxicos.

“El huracán ha agravado la delicada situación que ya existía en la isla, causada por una creciente deuda y por medidas de austeridad”, indica la declaración, al recordar que casi la mitad de la población de isla puertorriqueña esta por debajo del nivel de pobreza.

“Solicitamos una respuesta rápida y bien financiada a la emergencia, con prioridad a las personas más vulnerables y en riesgo: niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidad, personas en situación de calle y mujeres”, agregaron.

Bohoslavsky, el experto sobre deuda y derechos humanos, sostuvo que “incluso antes del impacto del huracán María, la situación de derechos humanos estaba siendo gravemente afectada por la crisis financiera y económica y las consiguientes medidas de austeridad, con impactos negativos en los derechos a la salud, alimentación, educación, vivienda y seguridad social”.

“No podemos dejar de aun lado la urgencia y prioridad diferente que se ha dado a los servicios de emergencia para Puerto Rico, en comparación con la respuesta en estados de los Estados Unidos que han sufrido el impacto de huracanes en los meses recientes”, señaló Farha, la experta en derecho a la vivienda.

“Después de un desastre natural, con más de 90 mil viviendas completamente destruidas, las personas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Todos los niveles del gobierno están obligados a actuar para protegerlas, y para asegurar que sus vidas pueden volver a una cierta normalidad rápidamente. Las personas necesitan vivienda segura y adecuada – en el corto y largo plazo- con electricidad, agua potable y saneamiento”, añadió Farha.

Por su parte, la relatora especial sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver,  afirmó que “la población se enfrenta a escasez de alimentos y también a consecuencias a largo plazo debido a la destrucción de toda la infraestructura agrícola”.

De cara al necesario proceso de reconstrucción, los expertos de la ONU abogaron por aliviar la deuda pública de Puerto Rico y por estándares adecuados que permitan enfrenar futuros desastres naturales.

“Exigimos a las autoridades en los Estados Unidos y en Puerto Rico suprimir las barreras regulatorias y financieras que existen para la reconstrucción y recuperación. Todos los esfuerzos que se lleven a cabo deben basarse en los estándares internacionales de derechos humanos, garantizando que las personas puedan reconstruir sus vidas en los lugares y con las comunidades con quienes solían vivir. La reconstrucción debe tener por objetivo mejorar la capacidad de la infraestructura, vivienda y hospitales de Puerto Rico para enfrentar futuros desastres naturales”, agregaron.

En septiembre de 2016, varios expertos de la ONU ya habían expresado preocupación sobre el nivel de la deuda pública y su impacto en los derechos económicos y sociales de los residentes de Puerto Rico.

Aunque enviaron una serie de preguntas y peticiones a las autoridades estadounidenses y de Puerto Rico, incluidos los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal a cargo de las decisiones financieras de la Isla, indicaron que no han recibido respuestas. (Pensando Américas-La Radio del Sur)