Marcelo Solervicens

¡¡ Volveremos y seremos millones!! ¿Se cumplirá la promesa de Álvaro García Linera, Vicepresidente del depuesto Presidente Evo Morales? Es lo que asegura Evo Morales desde Argentina: El candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) ganará las elecciones que debe fijar el gobierno de facto en las próximas semanas.

El Secretario general de la ONU, Antonio Guterres[i] espera que la aprobación de la Ley de Garantías Constitucionales que refrenda el pacto de pacificación adoptado por la Mesa de Diálogo, permita realizar elecciones transparentes, inclusivas y creíbles bajo tutela internacional.

Ese pacto permitió terminar con la inmunidad de las FF.AA., decretada por la presidenta interina Jeanine Añez,[ii] que facilitó las masacres en Sacaba y en Senkata, condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A esa condena se agrega la resolución de la OEA, apoyada por 18 países, que condena la violencia racial y exige el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.[iii]

Además, consciente de la ausencia de garantías de investigación imparcial y castigo de los responsables de violaciones de DDHH, la CIDH exigió la creación de una comisión investigadora internacional.

Por un lado, persiste el debate sobre si hubo Golpe de Estado (“moderador”, “restaurador”, “blando”, etc.);[iv] sobre el rol de la Organización de estados Americanos (OEA), de Washington y de las multinacionales por el control del litio boliviano.

Por otro, la persecución de opositores declarados o presuntos; los anuncios de privatizaciones, del restablecimiento de políticas neoliberales, el alineamiento del gobierno de facto con Washington y el Grupo de Lima, indican que los golpistas están allí para quedarse. Pero, las divisiones entre Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari, Carlos Mesa y en el seno mismo del gobierno de Añez, hacen difícil una alternativa electoral creíble frente a un candidato del MAS.[v] ¿Respetarán esta vez un veredicto democrático?

El informe de la CIDH, firmado por su secretario ejecutivo, Paulo Abrao, calcula en 36 los muertos por la violencia en Bolivia desde el 20 de octubre, más que los 32 computados por el gobierno Añez.

Por otro lado, “condena de manera enfática las masacres de Sacaba y de Senkata”. En Sacaba hubo nueve muertos por balas de militares al reprimirse brutalmente una marcha de productores de coca con destino a la ciudad de Cochabamba (15 de noviembre).

En Senkata, el Alto (19 de noviembre), fuerzas policiales y militares abrieron fuego contra la población civil porque pretendidamente bloqueaban el acceso a una planta distribuidora de hidrocarburos, provocando nueve muertos, denuncias de desaparecidos y decenas de heridos y detenidos.

La CIDH, concluyó en que los patrones de acción de las fuerzas de orden en ambas localidades “ofrecen serios indicios de prácticas de ejecución extrajudicial”. Más aún, ellas ocurrieron bajo la inmunidad de los responsables decretada[vi] por Añez.[vii] Un decreto presidencial abrogado el 28 de noviembre, después de 14 días.[viii]

Además, la CIDH denuncia “fenómenos colectivos violentos, en muchos casos racistas y en diversas formas discriminatorios”. También denuncia arrestos y detenciones arbitrarias y la “criminalización y persecución de opositores políticos, reales o percibidos”; además de un clima de inseguridad y amedrentamiento de periodistas de medios nacionales y extranjeros.

Considerando que “no es claro que la institucionalidad nacional esté en  condiciones o en capacidad de cumplir con la obligación estatal” de investigación juzgamiento y sanción de los responsables” la CIDH recomienda que un Grupo Internacional de Expertos haga una investigación independiente e imparcial sobre los hechos.

La canciller Karen Longaric, calificaron el informe de “sesgado” y “vergonzoso”,[ix] pero, el autodenominado “gobierno interino” aceptó la creación del grupo de expertos internacionales para investigar las violaciones de los derechos humanos en Bolivia.[x]

Creemos que, más allá de su carácter pluridimensional,[xi] el Golpe mismo, dependió del polémico Informe Preliminar de la OEA[xii] sobre las elecciones generales del 20 de octubre. Ese informe afirmaba no poder: “validar los resultados de la presente elección, por lo que recomienda otro proceso electoral.”

Pese a no corroborar la tesis del fraude electoral, por lo pequeño de la muestra analizada, las acusaciones intempestivas del Secretario General de la OEA, Luis Almagro alimentaron la violenta movilización derechista que exigía la renuncia de Evo Morales, antes de terminar su periodo previsto para enero de 2020.

Ellas fueron un elemento clave en el desenlace de la crisis. Declaraciones alejadas de la realidad, porque el Informe Final de la OEA,[xiii] dado a conocer el 4 de diciembre, tampoco convence, entre otros al CELAG[xiv] de que las irregularidades justificaran la ruptura del proceso democrático boliviano.

Pese a aceptar el dictamen de la OEA y anunciar nuevas elecciones con una nueva Comisión Electoral, la policía y las FF.AA., exigieron la renuncia de Evo Morales. Evo Morales lo advertía antes de la elección.[xv] Muchos analistas defienden la tesis del Golpe de Estado planificado.[xvi]

La tesis del Golpe de Estado se confirma cuando[xvii] la Policía[xviii] y el ejército[xix] exigieron la renuncia de Evo Morales. Ello fue anticipado por el abandono de sus responsabilidades de orden público por las policía, permitiendo, sin intervenir, agresiones físicas y de amedrentamiento de grupos de choque de la derecha contra miembros del gobierno, autoridades electas y miembros del MAS.

En posición de debilidad por su intento de reelección pese al plebiscito de 2016, Evo Morales, perdió parte de su base de apoyo. La Central Obrera Boliviana (COB) le recomendó renunciar, “si es necesario para pacificar el país”.[xx] Para evitar más derramamientos de sangre Evo Morales renunció. Amenazado de muerte, se asiló primero en México y luego en Argentina, [xxi] para continuar la lucha como jefe de campaña.[xxii]

Ley de Garantías y Perspectivas Electorales Inciertas

La instalación del gobierno de facto liderado por la diputada Jeanine Añez, profundizó la tesis de un Golpe de Estado “restaurador” en Bolivia. Su instalación como presidenta interina no contó con el quórum exigido por la Constitución.[xxiii] A diferencia de otros golpes como en Paraguay, Honduras o Brasil, el gobierno de facto, no contó con el apoyo del Congreso, sólo fue posible gracias al apoyo de las FF.AA., protegidas por inmunidad y prebendas.[xxiv]

Lejos de la situación de descrédito defendida por el gobierno de facto, hay consenso en que los años de gobierno de Evo Morales fueron muy positivos para Bolivia.[xxv] Por ello, las posibilidades de victoria de un candidato del partido de Evo Morales siguen presentes… si las elecciones son transparentes e inclusivas.

La postergación de elecciones, que debieran haberse realizado en enero, hasta marzo o abril, o incluso después, son fuente de preocupación.[xxvi] También preocupa la orden detención contra el ex presidente Evo Morales por “sedición y terrorismo”.[xxvii]

Un primer paso en ese camino, fue el acuerdo entre el gobierno de facto y las organizaciones sociales.[xxviii] Un segundo paso, fue, en espera del llamado a elecciones, la aprobación esta semana del proyecto de “Ley de garantías para el ejercicio pleno de los derechos constitucionales”.[xxix] Es una ley que fuerza a que los órganos del estado y fuerzas de orden garanticen que el ejercicio de los derechos fundamentales y prohíbe detenciones y persecuciones.[xxx] Ese cuerpo legal debiera asegurar elecciones transparentes, inclusivas y creíbles de acuerdo al Secretario general de la ONU, Antonio Guterres.[xxxi]

En ese contexto, las divisiones de la derecha: entre Camacho y Mesa y en el seno mismo del gobierno de Añez ponen al desnudo las dificultades  de que la derecha pueda, sin represión, construir una alternancia electoral creíble y en elecciones transparentes frente al Movimiento al Socialismo (MAS) con Evo Morales como director de campaña.